El portavoz de Izquierda Unida, Santiago Pavón, ha señalado que antes de que el ayuntamiento afronte un plan de economicidad y gestión se debe constituir una comisión de investigación para que se pueda conocer al detalle "cómo se gastó el dinero y dónde". Pavón propone que esa comisión podría estar presidida por el portavoz socialista en la comisión local de Economía y Hacienda, Lorenzo de la Calle.
El portavoz de IU puntualiza que ha habido "una situación desastrosa" en la gestión del gasto en el ayuntamiento y que el plan de economicidad y gestión "enjuaga esa pésima gestión", por eso considera que es necesario que antes de cualquier decisión se formalice la comisión de investigación, que, según recuerda, ya la solicitó el grupo municipal socialista en un pleno que se celebró en mayo del pasado año y que se desestimó con los votos del grupo popular y del edil no adscrito Felipe Vela. Pavón insiste en que IU ya planteó en otro pleno que los concejales que manejan mayor presupuesto den cuentan de su gestión ante la comisión informativa correspondiente, una reclamación que, recuerda, tampoco se aceptó por parte del equipo de gobierno.
A juicio de Pavón, en esa comisión debían de comparecer, entre otros, el anterior concejal de Economía, Felipe Vela, y el actual, Andrés Nevado, representantes de los servicios de Intervención y los jefes de los servicios en los que se ha producido el gasto, además de los concejales de estas áreas.
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Basura, lavabos usados, garrafas y botellas, troncos de árboles... todo cabe dentro del vertedero en que se ha convertido la Ribera del Marco a su paso por Fuente Fría, una de las zonas verdes más tradicionales de la ciudad y en estos momentos también una de las más deterioradas. El equipo de gobierno, cansado de esta situación, parece que se ha puesto serio y ha redactado un informe en el que se detalla el lamentable estado del cauce y se enumeran las numerosas ocasiones en que se ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) --administración responsable del cuidado y mantenimiento de la zona-- que lo adecente.
El concejal de Obras y Mantenimiento, Joaquín Rumbo, ha confirmado hoy que en la última junta de gobierno local se abordó el asunto y que se remitirá un escrito a la CHT para que solucione el problema. Rumbo asegura que la confederación lleva siete años sin actuar en la Ribera y que durante todo ese tiempo el ayuntamiento ha realizado en ocasiones tareas de limpieza, algo que no le compete. "La verdad es que esta vez creo que no debemos ceder. Es la confederación la que tiene que asumir su compromiso", señala Rumbo. El edil subraya que para limpiar el cauce se necesitan máquinas especiales y una dotación presupuestaria y recuerda que cuando a la CHT "le interesa te amenaza, te pone multas pero cuando tiene que cumplir con su obligación no hace nada. No es lógico".
Joaquín Rumbo reconce que tanto la zona de Fuente Fría como las traseras del Complejo Cultural San Francisco están llenas de zarzas, e incide en que "es muy peligroso. Si alguien se cae por ahí no sale de allí".
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El alcalde, José María Saponi, ha informado a los portavoces de los grupos políticos de que se iniciará el procedimiento de variación de la normativa municipal para que "el público que acude a los plenos de la corporación local --presidida por el alcalde-- pueda preguntar". Así lo ha explicado el portavoz del gobierno, Andrés Nevado, al término de la junta de portavoces celebrada a petición del concejal de IU, Santiago Pavón, quien había solicitado que se regulase la participación ciudadana en los plenos.
Nevado ha explicado que el proceso a seguir a partir de ahora será la petición de informes y de documentación a otros consistorios para conocer cómo regulan esa participación.
En la actualidad el público asiste a las sesiones como espectador, pero no puede intervenir. Aunque la participación en los plenos ha sido hasta ahora irrelevante, a las últimas sesiones han acudido representantes de la plataforma por la libertad de expresión y residentes de Aldea Moret, que en momentos puntuales han interrumpido la sesión con gritos y preguntas, en la mayoría de los casos referidas a la problemática de la citada barriada, dirigidas a la corporación municipal, y han exhibido pancartas.
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El portavoz del gobierno local, Andrés Nevado, ha reitarado la demanda al Ministerio de Fomento para que en el último tramo de la Autovía de Trujillo se incorpore la conexión con la Ronda Este y la ejecución de esta vía urbana, algo que, asegura, está "aceptado" tanto por la ministra Magdalena Alvarez como por el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Nevado se ha referido hoy así a la Ronda Este, tras destacar que desde el pasado jueves Cáceres ya está conectada por autovía al sur con la apertura del tramo de la A-66 hasta Aljucén. La Ronda Este comunicaría la carretera de Trujillo, desde la Universidad Laboral, con la de Miajadas, a la altura de Charca Musia, e incluye un túnel en la Montaña.
El portavoz del gobierno indica que a esta apertura de un tramo de autovía deben seguir otras infraestructuras necesarias y la primera, sostiene, es la Ronda Este. Además, Nevado insiste en que también es "fundamental" que todas las carreteras de acceso a la ciudad estén desdobladas, una petición ya planteada por el pleno de la corporación municipal a los titulares de estas vías (Estado, Junta y diputación provincial).
Nevado, que ha realizado estas declaraciones tras la celebración de la junta local de gobierno, en la que se trató sobre otra infraestructura importante, el AVE. El portavoz incide en que en el trayecto hasta Madrid "se tardaría una hora y veinticinco minutos".
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El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Cáceres pedirá explicaciones al concejal de Seguridad y Movilidad Ciudadana, Santos Parra, por "haber desmantelado" el Grupo Especial de Seguridad (GES) de la Policía Local. Los concejales del PSOE denuncian en un comunicado que Santos Parra "ejerce de amo de la policía" y "quita y pone a su antojo, entrometiéndose en funciones técnicas y operativas propias de los jefes de la misma".
Añaden que el concejal "ha privado a la ciudad" de un grupo especializado en seguridad, que venía ejerciendo a modo de "policía judicial", de paisano ayudando a cumplir las resoluciones de la autoridad judicial y administrativa. Por ello, exigen la reposición del GES y la vuelta del subinspector y de los agentes, que actualmente han sido destinados "sin ningún tipo de justificación", al Grupo Operativo de la Policía, y a cumplir servicios ordinarios de patrullaje, "en contra de los servicios que habitualmente tenían encomendados".
El concejal dijo que el grupo no se ha desmantelado y que solo ha habido reajustes para que cada subinspector de la jefatura de la policía local tenga su unidad.
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